En el contexto del día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se celebra el 28 de enero, decretado por iniciativa del Consejo de Ministros de Europa en virtud de la suscripción del Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, este Instituto se suma a la conmemoración de tan importante fecha, cuya principal finalidad es difundir y generar conciencia en los ciudadanos sobre el conjunto de derechos subjetivos que poseen en materia de protección de datos personales, los cuales les permiten tener el control de su información personal en posesión de entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública -LAIP-. Este control se constituye como un poder que tienen las y los titulares del derecho de acceder a su información personal e incidir sobre el tratamiento que de la misma realicen las entidades en mención.

La LAIP garantiza el Derecho a la Protección a los Datos Personales o Autodeterminación Informativa y designa como ente garante de este al IAIP, brindando a las ciudadanas y los ciudadanos las herramientas y mecanismos para el ejercicio de los derechos de acceso a su información que obra en los archivos físicos y digitales de cualquier institución pública, para efectos de rectificar o suprimir la misma. Este cuerpo normativo, regula además una serie de principios que inspiran el referido derecho entre ellos: exactitud, calidad, finalidad, legitimación y seguridad de los datos. En concordancia con los mismos, contiene un conjunto de obligaciones en la materia a las que deben de dar cumplimiento todas las instituciones del Estado.

En atención a lo mencionado, el IAIP como entidad garante de este derecho en el sector público, a través de la Unidad de Protección de Datos Personales conoce y tramita procedimientos de apelación, falta de respuesta y sancionatorios ante las vulneraciones de los derechos subjetivos vinculados a la Protección de Datos personales. Desde la creación de la unidad, se han logrado avances significativos en cuanto al ejercicio de este derecho en su dimensión de acceso, rectificación y supresión de los datos personales de la ciudadanía en las entidades públicas obligadas a la LAIP, a la fecha la Gerencia Legal de este Instituto, ha conocido de más de 700 procedimientos relacionados a la autodeterminación informativa. Asimismo, el IAIP recientemente aprobó la Guía Técnica para Garantizar el Derecho a la Protección de Datos Personales, que se encuentran en poder de las instituciones obligadas al cumplimiento de la LAIP y producto de la colaboración interinstitucional ha brindado apoyo en la elaboración de distintos cuerpos normativos como: la Norma Técnica para la Conformación, Custodia y Consulta de Expediente Clínico, Directiva para Normar la Emisión de Solvencias de Antecedentes Policiales y la Constancia de Antecedentes Policiales, que posteriormente dió paso a la emisión de una nueva normativa, bajo la orden circular N° C-002-08-2019 emitida por el entonces Director de la Policía Nacional Civil; y, la normativa denominada Procedimientos para la emisión de la Certificación de Antecedentes Penales, por parte de la Dirección General de Centros Penales. De igual manera, ha realizado capacitaciones del personal en la Administración Pública en conjunto con miembros de la sociedad civil, permitiendo desarrollar de mejor forma las distintas temáticas del referido derecho.

En ese contexto, ante el avance y desarrollo de las Tecnologías de la Información (TIC´s) las cuales, aumenta la capacidad de compartir datos personales a través de estas; así como, el uso de sistemas informáticos en el sector público, es importante que las instituciones continúen garantizando a la población la protección de datos personales de las personas, bajo el marco legal que dispone a la LAIP.

Finalmente, es oportuno reiterar a la ciudadanía que como titular de su información le corresponde decidir, cómo y qué tipo de información compartir y, el IAIP a través de los mecanismos establecidos en la LAIP, es la autoridad competente para contribuir a la garantía del mismo, en favor de la ciudadanía.