El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (CEFI, 2017), identificó ocho caminos hacia la corrupción en la región Centroamericana, específicamente en los países que conforman el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), entre los cuales se encuentran dos condiciones institucionales en particular, que han sido frágilmente afectadas por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
La primera, es la “Institucionalidad débil”, en la cual se reconoce —en síntesis— que para promover la transparencia y combatir la corrupción de forma eficiente, se necesita contar con la participación de órganos imparciales de control externo o independientes al Gobierno para que fiscalicen la corrupción y la impunidad. La segunda condición irregular, se refiere al “acceso deficiente a la información pública”, reconociendo que para el año 2017 persistían obstáculos que evidencian la resistencia de muchos sujetos obligados a entregar o actualizar dicha información. Prevaleciendo una cultura de secretismo y la falta de voluntad política en el cumplimiento de las leyes de acceso a la información.
Al trasladar ambas circunstancias al año 2020, en el curso de una pandemia, para nuestro país pone en escena el quehacer del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como órgano de control externo, que tiene como función primordial el respeto y garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, contribuyendo con ello a la transparencia de las actuaciones —en general— de las instituciones del Estado. En este sentido, el Instituto goza de una trayectoria positiva y efectiva en el cumplimiento de esta labor, aún durante la emergencia sanitaria que implicó una suspensión de plazos procesales en el período comprendido del mes de marzo a junio del presente año, se mantuvo vigilante del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Esta “paralización” de funciones, que implicaba dicha suspensión de plazos procesales, es un perfecto ejemplo tanto de acciones tendientes a debilitar la institucionalidad de organismos que ejercen control externo, como de la resistencia que permanece en las distintas entidades de gobierno para transparentar su gestión, no obstante, su obligación de actuar en todo momento con probidad, eficacia y eficiencia en la administración del gasto público. Compromiso que resulta más apremiante en un contexto de emergencia sanitaria, en el que se requiere una fuerte movilización de recursos para responder a la pandemia.
Si bien, en principio es atendible la necesidad inmediata del uso de esos recursos, con reducción de controles en compras y contrataciones —por ejemplo—, tal gestión bajo ningún parámetro debe realizarse con opacidad; al contrario, debe contar con amplios y suficientes registros que acrediten y legitimen su actuar, garantizando la legalidad y transparencia que se requieren para su gestión.
En este punto, Transparencia Internacional (marzo, 2020), realizó un análisis sobre las contrataciones públicas en estado de emergencia en Latinoamérica, señalando dentro de los elementos mínimos que los Gobiernos deben considerar para la integridad de los recursos, la transparencia y datos abiertos, que implica —según dicho informe— que el uso de los recursos debe ser informado en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz y verificable; asimismo, la fiscalización debe realizarse en tiempo real.
Por lo tanto, se colige que el acceso a la información pública resulta ser, en todo momento, una herramienta esencial para prevenir actos de corrupción, pero, en estado de emergencia nacional es indiscutible el valor de control social que se ejerce, garantizando el mejor uso y administración de bienes y servicios adquiridos para la protección de toda la población, en particular de aquella más vulnerable.