Tomando como base el documento denominado “Resultados Preliminares, Elecciones 2021” publicado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social -FUSADES-, se estima que un aproximado de 56 % de las municipalidades de El Salvador, serán presididas por una nueva configuración subjetiva a partir del 1 de mayo del presente año. En consecuencia, esta situación desencadena una serie de oportunidades y, lógicamente, obligaciones para el funcionariado electo, que deben de ser evacuadas de forma oportuna. Leer más acerca de LOS NUEVOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LA GESTIÓN POR PROCESOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA …

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (CEFI, 2017), identificó ocho caminos hacia la corrupción en la región Centroamericana, específicamente en los países que conforman el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), entre los cuales se encuentran dos condiciones institucionales en particular, que han sido frágilmente afectadas por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

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La suspensión de los plazos administrativos y judiciales, sobrevenidos por el conjunto de decretos legislativos dictados en el marco de la Pandemia COVID-19 y el impacto ocasionado por el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, no únicamente imposibilita el acceso a la información pública y la protección de datos personales; o incluso el acceso a las herramientas de control vinculadas a esta materia, sino también, el cumplimiento de las resoluciones definitivas, que con anterioridad a la entrada en vigencia de esta normativa emergente, fueron emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

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Han pasado más de dos meses desde la suspensión de plazos que mandó a cuarentena a la Ley de Acceso a la Información Pública y sus procedimientos, desde entonces los salvadoreños vimos mermada nuestra principal herramienta para exigir cuentas al Estado, junto con los mecanismos administrativos de protección del derecho de acceso a la información pública.

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Ante una emergencia sanitaria, la corrupción se puede presentar de forma particular a tal grado que la gestión pública se vuelve oscura y se obtienen acciones como desvíos de millones de dólares, inversiones arbitrarias, contrataciones dirigidas, entre otras actividades que opacan y dificultan el tratamiento oportuno para la atención de la emergencia. Los episodios de corrupción en África Occidental por el manejo de fondos para enfrentar el VIH y la enfermedad del Ébola son ejemplos de ello.

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Al momento de escribir este breve ensayo, se reportan apenas 35 Unidades de Gestión Documental y Archivos están laborando más o menos durante esta emergencia, de los 158 entes obligados que el IAIP evalúa desde el año 2016. Así como se ha señalado que la transparencia atraviesa un momento crítico con la suspensión de plazos para solicitar y entregar información pública, las labores de la gestión documental por su parte, no necesariamente debe verse suspendida. Leer más acerca de La gestión documental en tiempos de emergencia nacional …

El derecho a la protección de los datos personales en tiempos de COVID-19, requiere marcar límites en la recolección y divulgación de los datos de las personas afectadas, con la finalidad que no haya una invasión en su esfera privada. Es decir, que las autoridades competentes deben limitarse a solicitar los datos mínimos y específicos para el control de la pandemia, quienes a su vez deben garantizar que no haya divulgación o uso indebido de los mismos y que tampoco sean utilizados para finalidades diferentes para las cuales fueron recolectados.

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La crisis por el COVID- 19 nos ha afectado a todos de diversas formas. Como sociedad no podemos negar los efectos nocivos que la pandemia conlleva no solo en términos de salud pública sino en las consecuencias económicas que está generando y las futuras, que por el momento solo podemos imaginar. Por ello, resulta necesario [Leer la opinión completa…]