La suspensión de los plazos administrativos y judiciales, sobrevenidos por el conjunto de decretos legislativos dictados en el marco de la Pandemia COVID-19 y el impacto ocasionado por el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, no únicamente imposibilita el acceso a la información pública y la protección de datos personales; o incluso el acceso a las herramientas de control vinculadas a esta materia, sino también, el cumplimiento de las resoluciones definitivas, que con anterioridad a la entrada en vigencia de esta normativa emergente, fueron emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Han pasado más de dos meses desde la suspensión de plazos que mandó a cuarentena a la Ley de Acceso a la Información Pública y sus procedimientos, desde entonces los salvadoreños vimos mermada nuestra principal herramienta para exigir cuentas al Estado, junto con los mecanismos administrativos de protección del derecho de acceso a la información pública.
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Ante una emergencia sanitaria, la corrupción se puede presentar de forma particular a tal grado que la gestión pública se vuelve oscura y se obtienen acciones como desvíos de millones de dólares, inversiones arbitrarias, contrataciones dirigidas, entre otras actividades que opacan y dificultan el tratamiento oportuno para la atención de la emergencia. Los episodios de corrupción en África Occidental por el manejo de fondos para enfrentar el VIH y la enfermedad del Ébola son ejemplos de ello.
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Al momento de escribir este breve ensayo, se reportan apenas 35 Unidades de Gestión Documental y Archivos están laborando más o menos durante esta emergencia, de los 158 entes obligados que el IAIP evalúa desde el año 2016. Así como se ha señalado que la transparencia atraviesa un momento crítico con la suspensión de plazos para solicitar y entregar información pública, las labores de la gestión documental por su parte, no necesariamente debe verse suspendida. Leer más acerca de La gestión documental en tiempos de emergencia nacional …
El derecho a la protección de los datos personales en tiempos de COVID-19, requiere marcar límites en la recolección y divulgación de los datos de las personas afectadas, con la finalidad que no haya una invasión en su esfera privada. Es decir, que las autoridades competentes deben limitarse a solicitar los datos mínimos y específicos para el control de la pandemia, quienes a su vez deben garantizar que no haya divulgación o uso indebido de los mismos y que tampoco sean utilizados para finalidades diferentes para las cuales fueron recolectados.
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La crisis por el COVID- 19 nos ha afectado a todos de diversas formas. Como sociedad no podemos negar los efectos nocivos que la pandemia conlleva no solo en términos de salud pública sino en las consecuencias económicas que está generando y las futuras, que por el momento solo podemos imaginar. Por ello, resulta necesario [Leer la opinión completa…]
En el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de La Mujer (8 de marzo) es necesario problematizar el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información pública como una demanda social de las mujeres, ya que este se constituye en una herramienta estratégica para la conquista de sus autonomías y logro de sus derechos humanos. Además de que este acceso se deduce como fundamental en un sistema democrático de gobierno. Leer más acerca de El ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información pública como una demanda social de las mujeres …
A pesar de los comentarios adversos a esta idea, sostengo que el IAIP debe seguir siendo el órgano garante en materia de protección de datos personales en el sector público y ampliarle su competencia al sector privado. Leer más acerca de El IAIP debe seguir siendo el garante de la Protección de los Datos Personales: 10 Razones …
En noviembre del año 2015 la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó el día 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, al considerar que este derecho resulta esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades y para el bienestar de toda persona. Con esto, a su vez, se reconoce que la libertad de información o el derecho a la información son parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión.
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