La Unidad de Acompañamiento a Entes Obligados –recientemente creada- responde a las atribuciones que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) confiere a este Instituto, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 58 letra “a” y letra “o” de la ley, que establecen que este Instituto debe velar por la correcta interpretación [Leer la opinión completa…]
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Día Nacional de los Derechos de las Mujeres, como parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ente encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los [Leer la opinión completa…]
Razonar sobre la equidad e igualdad en materia de género es traer directamente a colación una serie de derechos humanos fundamentales; dentro de los cuales algunos son herramientas cuyo accionar es necesario para lograr los fines de igualdad, equidad y justicia que se persiguen, como el derecho de acceso a la información pública. El ejercicio [Leer la opinión completa…]
Tomando como base el documento denominado “Resultados Preliminares, Elecciones 2021” publicado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social -FUSADES-, se estima que un aproximado de 56 % de las municipalidades de El Salvador, serán presididas por una nueva configuración subjetiva a partir del 1 de mayo del presente año. En consecuencia, esta situación desencadena una serie de oportunidades y, lógicamente, obligaciones para el funcionariado electo, que deben de ser evacuadas de forma oportuna. Leer más acerca de LOS NUEVOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LA GESTIÓN POR PROCESOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA …
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (CEFI, 2017), identificó ocho caminos hacia la corrupción en la región Centroamericana, específicamente en los países que conforman el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), entre los cuales se encuentran dos condiciones institucionales en particular, que han sido frágilmente afectadas por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
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La suspensión de los plazos administrativos y judiciales, sobrevenidos por el conjunto de decretos legislativos dictados en el marco de la Pandemia COVID-19 y el impacto ocasionado por el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, no únicamente imposibilita el acceso a la información pública y la protección de datos personales; o incluso el acceso a las herramientas de control vinculadas a esta materia, sino también, el cumplimiento de las resoluciones definitivas, que con anterioridad a la entrada en vigencia de esta normativa emergente, fueron emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Han pasado más de dos meses desde la suspensión de plazos que mandó a cuarentena a la Ley de Acceso a la Información Pública y sus procedimientos, desde entonces los salvadoreños vimos mermada nuestra principal herramienta para exigir cuentas al Estado, junto con los mecanismos administrativos de protección del derecho de acceso a la información pública.
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Ante una emergencia sanitaria, la corrupción se puede presentar de forma particular a tal grado que la gestión pública se vuelve oscura y se obtienen acciones como desvíos de millones de dólares, inversiones arbitrarias, contrataciones dirigidas, entre otras actividades que opacan y dificultan el tratamiento oportuno para la atención de la emergencia. Los episodios de corrupción en África Occidental por el manejo de fondos para enfrentar el VIH y la enfermedad del Ébola son ejemplos de ello.
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